La Paz, Baja California Sur. La diputada Dalia Verónica Collins Mendoza presentó una iniciativa para establecer que ayuntamientos, poderes del Estado y micro y pequeñas empresas avancen progresivamente hasta alcanzar, al menos, un 3% de personas con discapacidad dentro de sus plantillas laborales para enero de 2030.
La propuesta plantea incorporar un artículo transitorio a la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur (BCS), con el propósito de fijar un plazo concreto para el cumplimiento de las disposiciones existentes en materia laboral.
Como parte de la exposición de motivos, Collins Mendoza retomó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que estiman que seis de cada 10 personas con discapacidad en edad laboral no cuentan con empleo, mientras únicamente 40.6% participa en alguna actividad económica.
En el caso de Baja California Sur, la información presentada ubica al estado en segundo lugar nacional por proporción de empresas incluyentes, con 10.9%. Más de 700 patrones y unidades económicas emplean formalmente a más de 900 personas con discapacidad.
La legisladora consideró insuficiente mantener la disposición vigente sin establecer una fecha para su cumplimiento, por lo que la propuesta incluye también al Gobierno del Estado y los ayuntamientos.